*Por Fernando Vilardo (integrante de Autodeterminación y Libertad)

Conviene tomar nota de lo que ocurre en Paraguay, de lo ocurrido y del posible desenlace. Aprender de la historia viva para saber dónde ubicar las esperanzas y cómo construir caminos alternativos.

Suele señalarse el error político de Salvador Allende al querer llevar adelante un gobierno reformista sin desactivar los mecanismos represivos de la derecha chilena, al punto de nombrar al futuro golpista Pinochet comandante en jefe del Ejército. A partir de entonces, y como aprendizaje de la historia, se llamó “allendización” a todo proceso político con iniciativas transformadoras pero sin que ello implique romper los márgenes institucionales dominantes ni enfrentar a las fuerzas represivas del Estado. Seguramente sea un error comparar el Golpe del 73´ en Chile con estos últimos acontecimientos ocurridos en Paraguay. Los tiempos son otros. La coyuntura es muy diferente. Hoy los ejércitos latinoamericanos en su mayoría no cuentan con la legitimidad necesaria para asumir un rol protagónico en la política. Mucha sangre corrió bajo el puente, demasiada, como para ganarse la simpatía popular de otros tiempos. Pero esto no significa que los sectores de poder no dispongan de fuerzas represivas ni mecanismos institucionales que le permitan seguir dominando. Quién piense lo contrario, conviene tomar nota de lo que ocurre en Paraguay.

Se dice que el error de Lugo fue el de haber pactado con la derecha, sobre todo su alianza con el partido liberal y con el ahora destituyente Federico Franco. Y sí, como suele decirse, los procesos políticos “no son puros” (¿quién podría negarlo?), existen “contradicciones” que los vuelven complejos, de difícil resolución para gobiernos “nacionales” y “populares”. Para el relato dominante Fernando Lugo forma parte de esa “nueva” camada de presidentes progresistas que vienen a marcar una etapa “distinta” en la historia política latinoamericana reciente. Sin embargo, existen “impurezas”. El proceso de “transformación” que llevó adelante el ya depuesto presidente Lugo mantuvo el carácter regresivo  de la política impositiva: las trasnacionales del agronegocio prácticamente no pagan impuestos; el 60 % de lo recaudado por el Estado es el Impuesto al Valor Agregado; los latifundistas tampoco  pagan cargas impositivas; el impuesto inmobiliario representa apenas el 0,04 % de la presión tributaria. A estas “impurezas” habría que agregarle la reforma agraria todavía pendiente (el 2 % de los propietarios en Paraguay son dueños del 85 % de la tierra); la primarización económica del país, hoy absolutamente dependiente de los ingresos de la soja; las alianzas con Monsanto; la aprobación de la Ley Antiterrorista; la autorización en 2010 de la implementación de la Iniciativa Zona Norte, que no es otra cosa que la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos en el norte de la Región Oriental; y, luego de los asesinatos de Curuguaty, el reemplazo de Carlos Filizzola del Ministerio del Interior por Rubén Candia Amarilla proveniente del Partido Colorado, cuyo primer anuncio fue la eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos. Demasiadas “impurezas” para este centroizquierdista. Impurezas de las que también convendría tomar nota.

El reciente golpe parlamentario en Paraguay merecería, a mi parecer, un enérgico y explícito repudio. Pero sería un repudio incompleto, superficial e incluso banal sin la denuncia a las políticas de alianzas del gobierno de Lugo con lo más rancio y oscuro de la derecha política y sobre todo su decisión de mantener atada la economía del país a los agronegocios sojeros y el latifundio. El camino de la institucionalidad sobre la base de la desmovilización social dejó intactos los instrumentos legales para la recomposición de la derecha que vuelve a ubicarse en un rol protagónico con sus promesas de orden, represión y menor tolerancia a las demandas sociales.

No cabe duda, la actual coyuntura es muy distinta a la de los setenta, lo que tal vez nos obligue a estar muy alerta sobre los mecanismos con los que actualmente cuenta el Capital para seguir exprimiendo a nuestros pueblos latinoamericanos; la antítesis de intereses nos obliga a pensar a su vez en la imposibilidad de una “armonía permanente” como muchos gobiernos progresistas insisten en hacernos creer. La fase de crecimiento económico de estos últimos años, acompañada de un intenso proceso de primarización  dependiente de la demanda internacional sobre nuestros productos, dio lugar a gobiernos con una margen mayor de maniobra para mejorar parcialmente las condiciones de vida de los sectores populares en paralelo con las inmensas fortunas que amasaron corporaciones locales y extranjeras. Sobre esta base los diferentes gobiernos progresistas y de centroizquierda que emergieron de un contexto de resistencia popular y luchas sociales como las que proliferaron a comienzos del 2000, funcionaron como dique de contención frente a los reclamos populares para iniciar en algunos países un camino de reinstitucionalización “pacífica”. Este proceso conllevó a una creciente desmovilización social, despejando al mismo tiempo el camino para el restablecimiento de oportunidades de inversión y enormes ganancias empresarias. De esta forma sobre una aparente rúbrica progresista se mantiene intacto el poder del establishment económico y su alter ego en la política. La aparente “armonía” y “conciliación” de clases que declaman estos progresistas sólo es posible en un contexto de fuerte crecimiento y expansión de la economía, pero cuando la tendencia cambia, los ingresos disminuyen y el Producto de un país decrece la lucha de clases se vuelve más directa, preanunciando en algunos casos el inicio de un proceso de derechización política. Las obvias diferencias que mantienen los últimos acontecimientos en el Paraguay con lo ocurrido en Chile en el 73´ impiden hablar de “allendización” al camino recorrido por el ex presidente Lugo. Tal vez haya que hablar directamente de “lugonización” para referirse a aquellos gobiernos que a partir del 2000: a) emergieron por fuera de las estructuras políticas tradicionales y como consecuencias de intensas movilizaciones populares; b) se montaron en un crecimiento coyuntural a partir del cual procuraron armonizar y reinstitucionalizar el país; c) establecieron un reformismo de “baja intensidad” por su escasa profundidad y prácticamente nula transformación estructural; d) posibilitaron el reciclaje de una derecha política agazapada y lista para una contraofensiva del Capital en su carácter más reaccionario, dando lugar a nuevas modalidad de golpes: institucionales y apegados a la Constitución.  Conviene tomar nota.

Para aquellos que se encuentran ideológicamente cercanos al gobierno y que a su vez dividen con ligereza el espectro político dominante en “izquierda” (o derivados) y “derecha”, tienden por lo general a ver lo ocurrido en Paraguay sobre la base de un presidente, de izquierda o progresista, destituido por un parlamento prácticamente dominado por la derecha, pero que a diferencia de aquél país, aquí, en la Argentina, la “derecha” se encuentra fuertemente contenida por el progresismo del partido gobernante. El problema de esta esquemática división es que no reconoce el entreveramiento político que siempre suponen los caminos institucionales y las construcciones por arriba: en el ámbito de las instituciones los límites entre las derechas y las izquierdas suelen desdibujarse peligrosamente. La direccionalidad y color político lo marcan las coyunturas (presión del Capital versus resistencia de los pueblos) y no tanto sus dirigentes. A diez años de la masacre de Avellaneda es bueno recordar que Néstor Kirchner, quién asumiera la presidencia en 2003 con el ropaje de los derechos humanos y su retórica progresista, desembarcó en la política nacional de la mano de Duhalde, presidente en ejercicio durante los atentados de Avellaneda. Es bueno recordar también que Aníbal Fernandez (el mismo que en su momento llegó a decir que “los piqueteros se habían matado entre ellos”) formaba parte del gobierno duhaldista como secretario de la presidencia, por entonces también Felipe Solá, devenido kirchnerista, era Gobernador provincial, y el hoy difunto Carlos Soria, aliado kirchnerista en calidad de Gobernador de la provincia de Rio Negro, quedó implicado en la masacre de Avellaneda como jefe de la SIDE.  La rápida salida de Duhalde de la Presidencia a consecuencia de la fuerte movilización popular y del resonar del “que se vayan todos” que se clavó como daga en el corazón de las propias instituciones, fue leída por el poder político en general, y Néstor Kirchner en particular, como un cambio en las reglas de juego de la gobernabilidad. La represión debía dar paso a nuevas formas de dominación basada en la cooptación, el fortalecimiento institucional y la incorporación al sistema productivo de importantes sectores populares. La dominación no podía divorciarse de la legitimidad. El reciclaje de la derecha fue necesario para que “no se fuera nadie”.

Se suele decir, insisto que con mucha ligereza, que “el problema de Lugo es que le dio demasiadas concesiones a la derecha”. Es cierto, Federico Franco era su vice. Pero ¿acaso son muy distintas a las concesiones que dieron los Kirchner? ¿Cuántos de sus funcionarios formaron parte de una u otra manera del proceso menemista? (sin mencionar que ellos mismos participaron del mismo espacio político: el Partido Justicialista) ¿Cuántos gobernadores e intendentes, sostenedores hoy del aparato actual del gobierno “nacional y popular”, fueron responsables de aplicar las recetas neoliberales? Y qué decir del poder económico. ¿Acaso no fue Cristina quién elogió hace unos días a Monsanto en el Consejo de las Américas? ¿Acaso no fueron los Kirchner quienes dieron lugar al espectacular avance de los agronegocios en la Argentina y la cada vez mayor dependencia con los intereses sojeros? Al respecto conviene tomar nota de cuáles son los intereses económicos que están detrás del golpe parlamentario paraguayo.

Es bueno aclarar que no se trata de hacer futurismo pero sí, en esto de pensar caminos alternativos, prever posibles escenarios. Nada indica que en lo inmediato pueda darse aquí un proceso como el ocurrido recientemente en Paraguay, pero tampoco hay indicios que sea inmenso el espacio político que nos separa de aquellos acontecimientos. Aquí y allá los agronegocios son la base estructural de la economía. Aquí y allá se ha impuesto la Ley Antiterrorista. La base militar norteamericana en Mariscal Estigarribia no es muy distinta a la que avaló y pretendió instalar en Chaco Capitanich, principal aliado de Cristina Fernandez. Aquí y allá los instrumentos legales se mantienen absolutamente controlados por una casta política muy distante del poder de decisión popular. Aquí y allá la derecha se mantiene entreverada en el poder. Aquí las sucesivas represiones en Famatina, Andalgalá, en Jujuy y a los Tobas formoseños no merecieron el menor repudio del gobierno nacional, siendo sus respectivos gobernadores aliados claves en el armado político del Frente Para la Victoria.

Hay quienes señalan que estos aspectos forman parte de las “impurezas” de un proceso complejo de cambio. Que la construcción de poder no puede desligarse de lo que serían sus propias contradicciones. Coincido en que los procesos de transformación no pueden ser puros, pero con la misma convicción que creo que esas “impurezas” de las que se suele hablar desde lo más alto del poder político no son más que acuerdos de clase para preservar las mismas relaciones de dominación de una minoría sobre las mayorías explotadas. Hay momentos en que esa dominación se disfraza de progresismo, y otros en los que no tiene reparos de mostrarse en su faceta más reaccionaria. Sea como fuere conviene tomar nota de lo ocurrido en Paraguay.