UNA JUEZA DE COMODORO RIVADAVIA NEGO EL ABORTO NO PUNIBLE A UNA CHICA VIOLADA

El caso fue revelado ayer por Página/12: una adolescente que denunció haber sido violada por el padrastro pidió el aborto. El hospital se negó a practicarlo. Y ayer una jueza tampoco la autorizó. Críticas desde el Ministerio de Salud nacional.
Por Mariana Carbajal (“Página 12” - 18 de febrero de 2010)

HABLA LA MADRE DE LA NENA VIOLADA POR SU PADRASTRO, A LA QUE LA JUSTICIA LE NEGO EL ACCESO AL ABORTO NO PUNIBLE

“Mi hija tiene derecho a abortar”

La madre de la chica de 15 años apelará hoy el fallo de la jueza de Comodoro Rivadavia que rechazó su pedido. Dice que acudió a la Justicia para preservar la prueba y demostrar la violación. “Mi hija está corriendo riesgos en su salud”, afirma.
Por Mariana Carbajal (“Página 12” - 19 de febrero de 2010)

UNA JUEZA DE COMODORO RIVADAVIA NEGO EL ABORTO NO PUNIBLE A UNA CHICA VIOLADA (“Página 12” - 18 de febrero de 2010)

El derecho que la Justicia rechazó

El caso fue revelado ayer por Página/12: una adolescente que denunció haber sido violada por el padrastro pidió el aborto. El hospital se negó a practicarlo. Y ayer una jueza tampoco la autorizó. Críticas desde el Ministerio de Salud nacional.

Por Mariana Carbajal

La Justicia de Chubut le negó a una adolescente de 15 años su derecho a interrumpir un embarazo producto de una violación, cuya continuación podría poner en riesgo su salud psíquica. En un fallo que se conoció ayer, la jueza de Familia N° 3 de Comodoro Rivadavia, Verónica Daniela Robert, rechazó el pedido que había hecho la jovencita en los tribunales. La sentencia cayó muy mal en el Ministerio de Salud de la Nación. La titular del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), Paula Ferro, cuestionó la decisión: “Es un caso que encuadra en los permisos para abortar previstos en el Código Penal. Es importante no judicializar estas situaciones, que se deben resolver en el ámbito de la salud pública. Hay que garantizar el derecho de la niña a un aborto no punible”, señaló Ferro, en diálogo con este diario. Según trascendió, la madre de la adolescente apelará la resolución judicial. Ferro adelantó que desde el PNSSyPR la acompañarán en su reclamo. El gobierno de Mario Das Neves guardó silencio sobre el caso.

“Hay riesgo de vida y para la salud de la niña. Su pedido encuadra en los casos de abortos no punibles previstos por la ley”, coincidió Mabel Bianco, presidenta de FEIM e integrante del Comité Coordinador del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales, que integran un abanico de ONG de todo el país.

El embarazo tendría ya más de tres meses. Tal como informó ayer este diario, la adolescente amenaza con suicidarse si no la dejan interrumpirlo. Según denunció ante la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual y las Relaciones Familiares de Comodoro Rivadavia, el ataque sexual fue perpetrado por su padrastro, que es agente de la policía provincial y convivía con ella y su madre desde hacía ya tiempo. El relato de la violación fue validado por peritos del organismo, a cargo de la fiscal Liliana Ferrari. El acusado permanece en libertad. La fiscal pidió su prisión preventiva, pero la jueza Margarita Psister, que interviene en la causa penal, la denegó.

El caso no debió judicializarse. El Código Penal no establece que debe pedirse autorización cuando se trata de abortos no punibles. La práctica se debe realizar en el marco de la intimidad de la atención de cualquier intervención médica y posteriormente, si llegara a haber una denuncia, la Justicia evaluaría si encuadraba en los permisos previstos. “Muchos médicos y la población en general manejan información errónea y piensan que todos los abortos están penados por la ley, pero esto no es cierto. El Código Penal Argentino reconoce desde su sanción dos excepciones en las que el aborto no es un delito: 1) cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre y 2) cuando el embarazo es producto de una violación”, aclaró Bianco. Para el equipo legal del PNSSyPR, el caso encuadra en los dos supuestos, dado que está en riesgo su salud psíquica y además la gestación es producto de una violación.

“Es necesario –expresó Bianco– que tengamos normas claras que regulen la práctica de los abortos no punibles en todos los hospitales del país, porque las excepciones que prevé la ley no se aplican, muchas veces por ignorancia de los médicos y de la población y otras veces por temor a una sanción moral. Pero los responsables de los hospitales deben saber que hay sentencias y juicios en marcha por mal desempeño de funcionarios públicos por negar a niñas y mujeres que pidieron interrumpir sus embarazos dentro de la ley y al negársele tuvieron graves complicaciones o murieron.” Algunas jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Rosario, entre otras, han avanzado con la implementación de protocolos de atención de los abortos no punibles, que establecen el procedimiento que deben seguir los hospitales públicos a fin de evitar que los casos se judicialicen y, en ese proceso, se dilaten las decisiones y finalmente sea cada vez más complicado realizar la interrupción del embarazo requerida.

Bianco denunció que este caso además es una muestra más de la injusticia social porque “las niñas que padecen esto son las pobres, mientras que las que tienen dinero lo hacen de manera privada y segura sin que nadie se entere. Hay un derecho a la salud y a la vida para las que tienen plata y otro para las que no la tienen”.

Antes de firmar la polémica sentencia, la jueza de Familia de Comodoro Rivadavia pidió su opinión al Hospital Regional de la ciudad chubutense y a un equipo técnico del tribunal integrado por psicólogas y una asistente social. Un comité de bioética conformado ad hoc en el centro médico por los jefes de los servicios de Ginecología y Obstetricia, Juan Pires, y de Salud Mental, Susana Martining, y la abogada María Inés Cosentino, rechazó el pedido, tal como informó ayer este diario: evaluaron, entre otros aspectos, que sería más riesgoso para la adolescente interrumpir la gestación que el hecho de que lleve a término un embarazo producto de una violación de parte de su padrastro. En este argumento, según trascendió, se habría apoyado la magistrada para negarle el derecho a la adolescente. En cambio, las psicólogas y la asistente social del Juzgado de Familia avalaron el pedido de la jovencita: ante ellas, y también en el hospital, la adolescente afirmó: “Si no me dejan abortar, me mato”.

Tres años atrás, la jueza de menores de Mar del Plata Silvia Darmandrail se enfrentó a un caso muy parecido: una niña de 14 años, abusada sexualmente por su padrastro, reclamaba un aborto no punible. A diferencia de la magistrada de Comodoro Rivadavia, Darmandrail autorizó la interrupción del embarazo: consideró que se trataba de un aborto terapéutico. Finalmente el caso llegó a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero como la niña abortó espontáneamente se dio por cerrado. El de Comodoro Rivadavia, en cambio, por ahora está abierto: con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación, la madre apelará el fallo de la jueza Robert.

HABLA LA MADRE DE LA NENA VIOLADA POR SU PADRASTRO, A LA QUE LA JUSTICIA LE NEGO EL ACCESO AL ABORTO NO PUNIBLE

“Mi hija tiene derecho a abortar” (“Página 12” - 19 de febrero de 2010)

La madre de la chica de 15 años apelará hoy el fallo de la jueza de Comodoro Rivadavia que rechazó su pedido. Dice que acudió a la Justicia para preservar la prueba y demostrar la violación. “Mi hija está corriendo riesgos en su salud”, afirma.

Por Mariana Carbajal

“Quién es esa jueza para obligar a mi hija a tener un hijo que es producto de una violación, de un embarazo no querido. Se toma atribuciones que no le corresponden. Yo soy la madre. Y mi hija tiene derecho a abortar. Lo dice el Código Penal. Estoy segura de que si hubiera sido su hija la decisión hubiera sido otra.” La que habla es Aurora Luisa Fuentes, la madre de la adolescente de 15 años, de Comodoro Rivadavia, que reclama un aborto no punible. Se refirió así, en diálogo con Página/12, a la magistrada de Familia Verónica Daniela Robert, quien le negó el permiso para llevar adelante la práctica médica. Hoy, Fuentes, en representación de su hija, apelará la sentencia con el respaldo del equipo legal del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Es llamativo que la jueza Robert utilizara los mismos argumentos para obstruir la interrupción del embarazo que usó una jueza de Menores platense, en 2006, en el caso de LMR, una adolescente con discapacidad mental que había sido abusada sexualmente por un tío: por las trabas que puso la Justicia en aquel caso, la Argentina enfrenta una demanda en el Comité de Derechos Humanos de la ONU y probablemente sea condenada.

“El aborto lo podría haber hecho en forma particular. Si hubiera sabido que íbamos a tener tantas trabas y demoras, no hubiera recurrido a la Justicia. Pero yo quiero que se lo haga en un hospital público para resguardar material genético que permita probar la violación”, explicó Fuentes a este diario. Está indignada y “desilusionada con la Justicia”. Cuenta que la violación fue denunciada el 3 de diciembre en la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual y las Relaciones Familiares de Comodoro Rivadavia. El pedido del aborto no punible lo presentaron en los primeros días de enero en el fuero civil. La jueza Robert se tomó más de un mes en pronunciarse, en un caso en el que la premura es fundamental.

El acusado de la violación es quien era desde hacía trece años pareja de Fuentes. “Para mi hija era su padre, la crió desde que tenía dos años. La destruyó. A ella y a toda la familia. A mí también, como mujer, como madre, como esposa”, dice Fuentes. La violación, según le contó su hija, ocurrió cuando ella había viajado a la ciudad de Buenos Aires con otro de sus hijos para realizarle un control médico.

Fuentes tiene diez hijos: dos parejas de mellizos, de 10 y 4 años, la adolescente que fue víctima de la violación y otra niña de 13 viven con ella. Los otros cuatro, mayores de edad, ya se han casado.

“Somos católicos. Mi hija tiene el bautismo, la comunión y la confirmación. El aborto no es un capricho. Si el embarazo hubiese sido de un noviecito, no estaríamos pidiéndolo, seguramente. Ella quiera abortar porque se está produciendo un daño en su salud. Psíquicamente está corriendo riesgos, llora, no quiere ver a sus amigas y amigos. No quiere empezar la escuela, siente vergüenza”, cuenta Fuentes. La adolescente, que reclama su derecho a un aborto no punible, contemplado en el artículo 86 del Código Penal, pasó a primer año de Polimodal en una escuela de Comodoro Rivadavia. “Era una nena alegre y ahora está encerrada. No sé qué espera la jueza (Robert). Mi hija ha amenazado con quitarse la vida si no la dejan abortar”, advierte Fuentes.

Además de ese drama, Fuentes atraviesa por otro conflicto: tras la denuncia de violación, su marido no le pasa dinero para mantener a los niños. “Tengo casa propia, pero económicamente no tengo nada. Nos están ayudando vecinos. Estamos viviendo un tormento”, describió. Fuentes iniciará una demanda por una cuota alimentaria contra su ex pareja.

La gestación rondaría la semana 16. Uno de los argumentos que suscribió la jueza para negar el permiso fue que el embarazo estaba muy avanzado y sería riesgoso interrumpirlo. Es lo que alegó el Comité de Bioética del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para pronunciarse en contra de intervención. “Me dicen que mi hija correría riesgos con un aborto a esta altura del embarazo, pero es mentira, si hasta la 26 semanas se pueden hacer. Cuántas madres pierden a sus hijos a los cuatro o cinco meses y no les pasa nada y cuántas mujeres se hacen abortos clandestinos y tampoco les pasa nada. Si a mi hija el aborto se lo hace un médico especialista ¿cómo va a correr riesgo su vida?”, dice Fuentes.

La jueza Robert utilizó en su fallo argumentos tomados de la sentencia de la jueza de Menores de La Plata, Inés Siro, con el cual le negó un aborto no punible a LMR, una joven de 19 años, pero con una edad mental de una niña, que fue abusada sexualmente en 2006 y debió enfrentar un cúmulo de obstáculos para interrumpir la gestación producto del ataque sexual. El fallo de Siro fue ratificado en segunda instancia. Pero luego, la Suprema Corte bonaerense le dio el aval a LMR para abortar. Finalmente, la chica tuvo que recurrir a una clínica privada, con el apoyo de organizaciones integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, porque ningún hospital público aceptaba realizarle la práctica. El embarazo rondaba las 16 semanas. Se hizo sin ningún inconveniente. Pero por las trabas que enfrentó, denunció al Estado argentino ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el acompañamiento de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), entre otras entidades. En el marco de esa demanda, el Estado argentino reconoció en setiembre de 2008 que negar el acceso al aborto no punible es una violación de los derechos humanos de las mujeres.

Hoy, con el patrocinio legal de la abogada Sandra Grilli y el respaldo del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Fuentes presentará la apelación. Pero los días siguen corriendo y el embarazo avanza. La adolescente, mientras tanto, sufre ensimismada. Y desde el Estado nadie le da la respuesta que está esperando.