Luis Zamora, letrado apoderado de la familia Hagelin informó que “La Corte Suprema hizo finalmente lugar a nuestro pedido de reapertura de la investigación de lo ocurrido con Dagmar Hagelin luego de que fuera secuestrada en 1977 por un Grupo de Tareas de la Armada encabezado por Alfredo Astiz y llevada por la fuerza a la Escuela de Mecánica de la Armada. Desde entonces, como es público, está desaparecida”.

Zamora agregó que: “Insólitamente la Corte tuvo la causa un año y medio para finalmente sacar un fallo donde se remite a otros recaídos en casos similares mediante una sentencia de solo 20 renglones, confirma el fallo de Casación  y ordena la reapertura de la causa. Sugestivamente el fallo esta firmado por solo cuatro miembros de la Corte. Ignoro las razones de los otros tres jueces para no firmarlo pero hace más injustificable aun la demora. Una impunidad de la que son responsables el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los tres poderes del Estado fueron trabando los reclamos de Justicia”.-

Antecedentes:

Dagmar Hagelin fue secuestrada por un grupo de tareas encabezado por Alfredo Astiz el 27 de enero de 1977. Fue trasladada a la ESMA y desde entonces está desaparecida.

Hasta 1983 estuvieron los militares y los reclamos que hicimos para que fueran detenidos Astiz, Pernía y Whamond (ahora fallecido) eran derivados por la justicia civil a la justicia militar que los archivaba. Recién en 1984, no casualmente después que se cumplieron los años para que prescribiera, Astiz fue detenido y procesado. (En el caso de un secuestro común si al autor no se lo procesa en siete años la acción prescribe).

En ese momento no se habían sancionado todavía las leyes de punto final y obediencia debida (vendrían poco tiempo después) así que la forma de liberar a Astiz fue la de aplicar la prescripción de la acción. La Cámara Federal lo sobreseyó por prescripción al constatar que ya habían pasado los siete años y lo dejó libre. Por supuesto planteamos muchos argumentos en contra de que lo sobreseyeran, entre ellos el de que eran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Pero los jueces, la Cámara Federal que juzgó a las Juntas, y la Corte después, cumpliendo con la política de Alfonsín de sancionar solo a la cúpula de las FF.AA, dejando libre al resto rechazaron todos los planteos de imprescriptibilidad.

Sancionadas al tiempo las leyes de impunidad se dejó libre al resto de los marinos que habían actuado en el caso. (Acosta, Pernía, Whamond  y otros más.)

Quedó condenado y preso Massera hasta que Menem en 1990 lo indultó.

Como letrado apoderado de Hagelin, solicité la reapertura en 1995 para que se investigara lo ocurrido con Dagmar Hagelin y se sancionara a todos los responsables. Para ello había solicitado también la nulidad  del sobreseimiento de Astiz  y la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida y de los decretos de indulto. Volví a invocar que se  trataba de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y no amnistiables o indultables. Invoqué los tratados internacionales y el Informe 28/92 de la Comisión Interamericana de D.H. de la OEA que declaró incompatibles esas normas con el llamado Pacto de Costa Rica.

La presentación realizada en 1995  fue el primer pedido en todo el país de anular las sentencias y de nulidad de las normas de impunidad presentado al Poder Judicial luego de que todas las causas fueron cerradas por su aplicación en la década de los ochenta y comienzos de los noventa. La base del reclamo fueron las mismas convenciones internacionales cuya aplicación, once años más tarde, la Corte terminó de reconocer en  la causa “Simón” y luego en otras similares.

La Cámara Federal derivó los pedidos de reapertura a la Justicia Militar quien los rechazó (1996). Apelada esa decisión el expediente fue derivado a diversos Tribunales. Planteada la cuestión a la Corte Suprema, este Tribunal en dos oportunidades, en el 2001 y en el 2003 se negó a reabrir la causa por sí y derivó la cuestión a la Cámara de Casación Penal. Fue una maniobra dilatoria de la Corte teniendo en cuenta que Dagmar había sido secuestrada veintiseis años atrás y que el  reclamo de reapertura había sido efectuado ocho años antes- La Corte demoró tres años sólo para decidir que sea otro Tribunal el competente para resolver cuando podía hacerlo por´si directamente. En el medio hubo innumerables maniobras de los abogados de Astiz , avalados por el Poder Judicial para rechazar la presentación y archivarla de nuevo pero no lo pudieron concretar.

Finalmente en el 2006 la Cámara de Casación realizó una audiencia pública donde desarrollamos los fundamentos por los que debía reabrirse la causa. La defensa oficial de los marinos se opuso. Por votación dividida (dos a favor y uno en contra) se hizo lugar a la presentación efectuada en 1995,  se revocó el cierre y  se ordenó remitir la causa a la Justicia Federal para que se sortee el Juzgado que debía intervenir.

La defensa oficial de Astiz apeló, a fines del 2006, ante la Corte Suprema nuevamente. Era exigible un pronunciamiento inmediato. Se expidió dos años más tarde, en un fallo, repito de 20 renglones y basándose en otro anterior. ¿Eran necesarios casi dos años para eso, después de 31 años de secuestrada?.  

23 de diciembre de 2008

                                                                   Luis Zamora