Tras 110 días en huelga dehambre, la comunera mapuche Patricia Troncoso Roblesdecidió poner fin ala medida de presión ayer 28 de enero. El gobierno de Bachelet accedió asusdemandas reclamadas para sí misma y para otras dos personas (JuanMillalen yJaime Marileo), que incluyen beneficios carcelarios comosalidas durante losfines de semana a contar desde marzo, sin evaluación previa de la gendarmería.Varias voces al interior de Chile y a escalainternacional piden poner fin a la criminalización del pueblo mapuche y que sebusque una solución profunda para sus reclamos).
“Si mi muerte sirve para la libertad de mis hermanos, yo no voy a desistir”,escribió Patricia Troncoso el 23 de diciembre cuando llevaba 74 días en huelgade hambre en la prisión de Angol, en el sur chileno.

Luego fue trasladada a Chillán y el martes pasado le fue suministrado, encontra de su voluntad, suero intravenoso para mantenerla con vida.
Patricia lleva más de cien días de ayuno y su estado de salud es muy delicado.

En esta ocasión la represión no consiguió aislar la lucha mapuche. En estoscasi cuatro meses se han desarrollado movilizaciones en varias ciudades deChile, incluso en la capital, Santiago. El 12 de noviembreuna delegación de parlamentarios venezolanos visitó la cárcel de Angol ymanifestó su preocupación por el estado de salud de los presos. AmnistíaInternacional envió una carta a la presidenta Bachelet, el 21 de enero,pidiendo por la vida de Patricia y recordando que en 2003 el Relator Especialde Naciones Unidas presentó un informe de su misión a Chile en el querecomendaba que “además del otorgamiento de títulos sobreterrenos privados, los territorios tradicionales que incluyan recursos de usocomunitario deben ser reclamados y reestablecidos”.

Una misión de diez organizaciones de derechos humanos y la central detrabajadores (CUT) realizaron una misión de observación, a comienzos de enero,luego del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, que losllevó a denunciar “la brutalidad, el salvajismo y el terrorismo de Estado” quesufren la comunidades. Arturo Martínez, presidente de la CUT, señaló que esteconflicto no se resuelve con balas y represión y,algo inédito en la central sindical luego de la dictadura, dijo: “Los mapuchepueden contar con nosotros. Su derecho sagrado a la tierra merece serrespaldado”.

El 10 de enero fue difundida una Declaración de Historiadores de Chile,en laque se denuncia “la virtual militarización del territorio histórico del pueblomapuche” y “la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terrorpolicial”. Los historiadores, entre los que figura el Premio Nacional deHistoria, Gabriel Salazar, apuntancontra la criminalización de la lucha mapuche y la aplicación de la LeyAntiterrorista heredada de la dictadura militar así como el cerco mediático quesufren. Concluyen apuntando que el Estado chileno debereconocer “la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución desus tierras arbitrariamente usurpadas en base al ‘derecho de Conquista’ y elpleno respeto de los derechos humanos de susintegrantes”.

En segundo lugar, la huelga de hambre –que forma parte de una nueva oleada demovilización mapuche- promovió una mayor coordinación y articulación entre lasdiversas organizaciones políticas, sociales yculturales del mundo mapuche. Ambos hechos, la solidaridad nacional einternacional y la creciente convergencia organizativa del universo mapuche,son los datos más esperanzadores de la ofrenda de PatriciaTroncoso.

Bajo los gobiernos de la Concertación Democrática (desde 1990) han sidoprocesados 400 mapuche por la Ley de Seguridad Interior o la LeyAntiterrorista. Esta fue la respuesta al ciclo de luchas abierto en 1997a través del estallido de múltiples conflictos que afectan a las grandesempresas forestales y de energía. El movimiento desplegó iniciativasculturales, artísticas y de medios de comunicación propios y consiguiórecuperar tierras, a tal punto que los fondos estatales de compras de tierraspara las comunidades debieron pasar de unos 5 millones de dólares en 1995 a másde 30 millones en 2001.

En el marco del clima generado por los atentados del 11 de septiembre de 2001en Estados Unidos, se comenzó a aplicar la Ley Antierrorista. Entre noviembrede 2001 y octubre de 2003 fueron procesados 209 mapuche sóloen la región de la Araucanía, mientras cientos son detenidos enmanifestaciones, golpeados y maltratados en lo que, según múltiplesobservadores, es una verdadera “guerra sucia”. Patricia Troncoso fueprocesada por haber participado, en diciembre de 2001, en el incendio de cienhectáreas de pinos de la Empresa Forestal Mininco.

Cualquiera que haya visitado las comunidades mapuche del sur, puede comprobarque están siendo arrinconadas y exterminadas por un mar de cultivos forestalesque arrasan sus tierras y les impiden seguirsembrando y produciendo su sobrevivencia. Peor aún: las comunidades sonallanadas sin orden judicial por la policía con armamento de guerra, y existencomandos, como el “Hernán Trizano”, que realizan incursionesnocturnas con disparos mientras se instalan cámaras de vigilancia y aparatosque interfieren los celulares. Las organizaciones de derechos humanos aseguranque carabineros se visten de civil para realizarincursiones y amedrentamientos. ¿Quién practica el terrorismo?

El gobierno de Bachelet tuvo todo este tiempo un comportamiento vergonzoso.Tiene razón Patricia cuando dice en su carta: “¿Qué podemos esperar de nuestrosverdugos, si provienen de una generación que viviótodos estos flagelos y con el tiempo se han deshumanizado al punto de olvidarel exilio, las torturas, la persecución y la muerte de tantos seres humanos?”

Ahora que la decisión y el coraje de Patricia y de un puñado de mapuche se hasaldado con un resonante e histórico triunfo, puede ser la hora de laspreguntas incómodas. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuántas veces tienenlos del más abajo que ofrendar sus vidas –que en definitiva es lo único quetienen- para que los de abajo reaccionen, reaccionemos, y gritemos juntos un¡Ya Basta! capaz de frenar la genocida ambición de poder delos de arriba?

- Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brechade Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en laMultiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupossociales.